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Crowdfunding para nuevas acciones colectivas

Como parte de una agresiva campaña contra la evasión fiscal, el gobierno del Reino Unido otorgó nuevas competencias a la Administración de Hacienda y Aduanas del Reino Unido (HMRC por sus siglas en inglés) en la forma de notificaciones de pago aceleradas (APN por sus siglas en inglés). Estas medidas antievasión, descritas por algunos analistas como facturas fiscales de «paga ahora, reclama después» tenían el objetivo de acelerar una acumulación de reclamaciones fiscales sin resolver de 65 000 casos. Sin embargo, los expertos se percataron de que estas iban en contra del principio de que «se es inocente hasta que se demuestre lo contrario». Estas medidas afectaban a un gran número de personas, la mayoría sin capacidad para enfrentarse a ellas de manera individual. Se necesitaba un enfoque innovador que pusiera freno a esta agresiva política fiscal. 

El reto

Las APN suponían el pago de unas cantidades establecidas por el HMRC que se correspondían con su obligación tributaria, antes de que se pudiera llegar a un acuerdo o juicio. El contribuyente tenía 90 días para pagar, incluso en casos de procedimientos procesales de 10 años de duración.

En muchos casos, los contribuyentes, independientemente de su tamaño, recibían cuantiosas facturas de impuestos con poco o ningún preaviso ni proceso.

Pinsent Masons identificó a los miembros de un plan de apoyo al cine como potenciales víctimas del HMRC. Su tarea era desarrollar una solución que, de una manera eficaz y eficiente:

  • Plantar cara a estas medidas.
  • Conseguir que los inversores dedicaran su tiempo a poner al día sus asuntos en caso acuciante de pago.
El HMRC se lo pensará ahora dos veces antes de recurrir a medidas que no respeten la noción de «inocencia hasta que se demuestre lo contrario»

La solución

Logramos constituir la primera acción colectiva de este tipo en interponer una revisión judicial y lograr una orden judicial cautelar por la que el HMRC no podía enviar las notificaciones de pago.

El objetivo primordial de nuestro enfoque era asegurar que los contribuyentes afectados no tuvieran que pagar costes adicionales por los costes legales.

Nos enfrentábamos a un desafío legal con cinco características inéditas:

  • Era necesario identificar el plan con más posibilidades de recibir la notificación de pago. Para ello, necesitábamos conocer en profundidad el panorama fiscal.
  • Se necesitaba un enfoque proactivo para abordar el problema y desarrollar una solución. Esto requería una importante inversión inicial de tiempo y esfuerzo antes de recibir pagos por parte de los clientes.
  • Teníamos que identificar a los miembros del plan a través de registro mercantil y escribirles directamente para proponerles una solución.
  • Debíamos estructurar y financiar la acción. Muy pocos contribuyentes contaban con los medios para enfrentarse al HMRC individualmente. No obstante, si compartían los riesgos y lograban financiación para sufragar el procedimiento, las cargas individuales se verían considerablemente reducidas.
  • Había que determinar la estrategia de litigación. No existían precedentes de una revisión judicial financiada por un colectivo de este tipo.

La estrategia consistiría básicamente en poner en entredicho la idea de que el gobierno tiene la capacidad de revocar la justicia natural.

Los resultados

A raíz de este caso se examinaron detenidamente numerosos asuntos relacionados con las competencias de las autoridades fiscales.

Los miembros del plan que habían recibido notificaciones de pago considerables tuvieron el tiempo y el margen necesario para poder poner sus asuntos en orden. Ya no se podían aplicar las APN contra ellos hasta que no finalizara el procedimiento.

Posteriormente, diversos promotores e inversores se pusieron en contacto con nosotros para iniciar revisiones judiciales de sus casos. No tenemos constancia de que se hayan llevado a cabo hasta ahora revisiones judiciales de este modo. Desde entonces se han dado, eso sí algunos casos similares.

Este caso ha aportado la inspiración y seguridad necesarias para que otros lleven a cabo revisiones judiciales financiadas de manera colectiva.

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